Empresas venezolanas

Cámara Venezolana de la Construcción rechaza señalamientos en contra del sector

A través de un comunicado, la Cámara Venezolana de la Construcción rechazó la adscripción, ordenada por el Ejecutivo Nacional, de todas las empresas relacionadas con el sector construcción que han sido estatizadas al Ministerio de Vivienda y Habitat.

En el texto, difundido por [Cesar García Urbano Taylor], integrante de la Corporación Inmobiliaria SMA, revela el descontento del sector con las políticas económicas, especialmente en áreas vinculadas al sector del desarrollo de infrasteructuras, donde denuncian que se han perdido más un millón doscientos mil empleos.

Instan, además, a cambiar el modelo socioproductivo y económico del país, en lugar de renombrar y reestructurar entes y empresas cuya corrupción ha sido denunciada públicamente en más de una oportunidad.

A continuación, el comunicado publicado por [Cesar García Urbano Taylor]

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) se dirige a la opinión pública con el objeto de manifestar lo siguiente:

El gremio de la construcción cuenta con una dilatada trayectoria, sustentada por más de 73 años desde su fundación, tiempo a través del cual ha agrupado a los principales constructores del país, quienes con sus obras – grandes, medianas y pequeñas – han contribuido a desarrollar la Venezuela moderna de hoy, aspecto que ha sido reconocido en todos los ámbitos, nacional e internacional.

Afiliados a la CVC han sido pilares fundamentales en la construcción de autopistas, carreteras, puentes, presas, centrales hidroeléctricas, hospitales, escuelas, centros comerciales, complejos petroquímicos, oleoductos, plantas de tratamiento, acueductos, cloacas, obras de urbanismo en general y en la gran mayoría de los desarrollos habitacionales existentes en el país.

La CVC en su carácter de institución profesional y técnica ha promovido constantemente propuestas, estudios, planes, proyectos de leyes, que han sido la razón de ser de la institución y que han coadyuvado a motorizar e impulsar el crecimiento del país, en el campo de la construcción, generando fuentes de trabajo y bienestar social para la familia venezolana.

Hemos manifestado pública y abiertamente, nuestro interés y disposición de contribuir al desarrollo del país y fortalecimiento de la economía, para lo cual hemos demandado políticas públicas claras y viables, que incentiven de manera decidida la inversión privada.

La restructuración, anunciada recientemente por el Ejecutivo nacional, de las empresas de construcción públicas, empresas productoras de bienes para la construcción y empresas cementeras estatizadas, adscribiéndolas ahora al Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, y el reconocimiento del propio Presidente Nicolás Maduro de la corrupción imperante en todas estas empresas, demuestran lo inadecuado, ineficaz e ineficiente del modelo económico impuesto a los venezolanos.

No es cambiando nombres, Ministerios y/o responsables donde se encontrará la solución, es cambiando el modelo económico actual, por uno donde prive la libertad individual y de emprendimiento, donde el sector productivo nacional sea considerado como pilar fundamental de la economía, creando un clima idóneo para poder atraer las inversiones que hoy el país necesita.

Cifras oficiales dan cuenta de la caída en la producción de las empresas nacionalizadas: la siderúrgica está produciendo el 10% de lo que producía al momento de ser nacionalizada; las cementeras menos del 40% y la continua devaluación ha descapitalizado la banca por cual genera una escasez de financiamiento en el mercado. Como consecuencia de ello y de un marco legal adverso, el sector construcción hoy sigue cayendo por veintiocho trimestres consecutivos.

¡Se han perdido más de un millón doscientos mil empleos directos de mano de obra calificada!

En este sentido, rechazamos categóricamente todo intento por responsabilizar al sector productivo nacional de boicotear la economía nacional. La realidad es que estamos cosechando los frutos de haber aplicado de forma sistemática y deliberada, políticas públicas, que han empobrecido a la población con la tasa de inflación más alta del planeta, y que han arrinconado al sector privado, persiguiendo y limitando su accionar mediante Decretos y Leyes que no pocas violan nuestros derechos constitucionales.

Exhortamos al Gobierno nacional a dejar de criminalizar al sector privado, respetar la propiedad y respaldar la libre empresa.

Consideramos que el diálogo será efectivo, si en corto plazo se obtienen resultados, que solventen los problemas que hoy aquejan a los venezolanos.

Instamos a los poderes públicos a cumplir el Estado de Derecho y respetar los principios y garantías propias de la democracia consagrados en la Constitución Nacional.

 

Caracas, 18 de noviembre de 2016

 

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