La transparencia es un buen negocio
Uno de cada tres latinoamericanos reconoce haber pagado al menos un soborno para obtener algún tipo de beneficio en servicios públicos. Junto a ello, grandes escándalos de corrupción se han destapado durante los últimos años afectando tanto a gobiernos como a empresas privadas. La corrupción y la falta de transparencia están presentes a pequeña y a gran escala, a nivel individual, gubernamental y empresarial, e inciden negativamente en la productividad y en el crecimiento económico de los países.
Por ello, el compromiso entre el sector público y el sector privado para promover la transparencia será uno de los ejes centrales de la III Cumbre Empresarial de las Américas que se celebra en Lima, Perú, este 12 y 13 de abril. La cumbre contará con la presencia de los principales jefes de Estado y gerentes generales de esta región con el fin de promover el crecimiento económico, las inversiones público-privadas y la facilitación del comercio para impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe.
EL COSTO DE NO SER TRANSPARENTE
El Fondo Monetario Internacional afirma que costo anual de los sobornos representa cerca del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) global y la OCDE estima que la corrupción reduce un 5% las inversiones y aumenta un 10% el coste de hacer negocios.
A pesar de que numerosos países de América Latina y el Caribe han ampliado las medidas para combatir la corrupción y aumentar la transparencia, los indicadores al respecto no han mostrado mejoras significativas en los últimos 15 años. Este es uno de los problemas más serios que tienen que enfrentar tanto el sector público como el privado de esta parte del mundo.
La región se ha visto afectada por una serie de escándalos que han tenido un severo impacto reputacional y económico. Por ejemplo, en algunos casos se han suspendido obras de infraestructura, afectando a numerosas partes ajenas a los hechos, como las pequeñas y medianas empresas, los proveedores, los trabajadores, las entidades financieras y la ciudadanía en general. Algo que la región no se puede permitir ya que necesita aumentar sus proyectos de infraestructura para impulsar el desarrollo económico.
