Acuerdo en España para una ley de vivienda que topa los precios de los alquileres

Además de regular los precios y evitar que el inquilino asuma gastos no acordados previamente, la nueva normativa incluye cambios en conceptos como gran tenedor y zona tensionada.

La última gran ley de la agenda legislativa del Gobierno de coalición de España antes de las elecciones generales que se celebrarán a finales de año acaba de dar un paso decisivo. Las formaciones que integran el Ejecutivo —el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP)— han llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu para desbloquear la ley de vivienda, que llevaba en negociaciones más de un año.

El acuerdo presentado en el Congreso de los Diputados por el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, y la representante de ERC, Pilar Vallugera, recoge medidas ambiciosas en línea con las reclamaciones de diversas organizaciones sociales que llevan años luchando por una ley que garantice el acceso a una vivienda.

«Por fin se reconoce el derecho a la vivienda, se pone coto a los abusos y se frena el precio de los alquileres«, gracias a un acuerdo «de enorme trascendencia en lo social y lo político» y que «mejora las condiciones de vida de las millones de personas que viven de alquiler», destacó Matute. Sin embargo, reconoció que les «hubiera gustado ir más allá», indicando que se han encontrado con «una cerrazón en determinadas posiciones» del Gobierno.

Entre las personas que celebraron el final de las negociaciones está la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, una de los artífices del acuerdo, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Tope al precio de los alquileres

El acuerdo contempla la implementación de un tope a las subidas de precio de los alquileres, que será del 2 % este 2023 y del 3 % en 2024. Para sucesivos ejercicios se establecerá un índice desligado del IPC, es decir, de la inflación, y siempre por debajo de este, por considerar que «ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes», según indicó Matute.

Además, se regularán y toparán los precios de todos los alquileres en zonas tensionadas, cuya definición se amplía. Esos topes se establecerán mediante indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación de un índice de contención de precios para los grandes tenedores.

Cambia el concepto de gran tenedor

El concepto de gran tenedor se amplía, como reclamaban desde hace años los colectivos sociales, incluyendo a quienes sean propietarios de cinco o más inmuebles en la misma zona tensionada. Hasta ahora se contemplaba dentro de este concepto a propietarios de diez inmuebles o más.

También se amplía el concepto de zonas tensionadas, que a partir de la entrada en vigor de la norma solo tendrá que cumplir una de estas dos condiciones: un determinado porcentaje de la renta de la población destinada al pago del alquiler o la hipoteca, o determinado aumento de precio de las viviendas en esa zona.

Desahucios

En el caso de los desahucios, la nueva norma elimina aquellos sin fecha ni hora. «Todos deben ser con fecha y hora predeterminada», señaló Vallugera, agregando que se incluirán nuevas prórrogas para los casos de personas en situación de vulnerabilidad y podrán aplazar la medida por hasta dos años.

Además, las comunidades autónomas serán las encargadas de articular los procesos de conciliación, para lo cual «tienen recursos del Plan de Vivienda del Estado a disposición para ofrecer alternativas habitacionales«, recordó la portavoz de ERC.

Así, por primera vez se reconocerá la capacidad de usar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales para personas vulnerables en riesgo de desahucio a través de alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas o cualquier otra política similar.

Prohibición de ciertos cobros al inquilino

Para evitar «subidas camufladas» de precios, en palabras de Matute, se prohíbe que los propietarios hagan pagar a los inquilinos tasas de residuos, cuotas del impuesto de bienes inmuebles o cualquier otro gasto que no estuviera acordado previamente.

Asimismo, se aprueba una medida largamente reclamada por los inquilinos: la prohibición de que sean ellos quienes tengan que pagar los honorarios de las inmobiliarias. Hasta ahora los propietarios contrataban los servicios de las inmobiliarias, pero luego estas cobraban normalmente el equivalente a una mensualidad de alquiler más IVA a los inquilinos, quienes no habían contratado sus servicios.

Además, el nuevo inquilino podrá solicitar a su casero el contrato con el arrendatario anterior para comprobar que no paga más o que no supera la subida del índice en vigor.

Legislación clave

El acuerdo alcanzado entre las cuatro formaciones garantiza la aprobación de la norma en el Congreso de los Diputados antes de que termine esta legislatura, a finales de año, según explicó Matute, que ve suficiente «voluntad política».

Se trata de una legislación clave, que ya formó parte del acuerdo de investidura alcanzada por el Partido Socialista y Unidas Podemos para formar Gobierno de coalición. De nuevo se incluyó como compromiso en los presupuestos generales de 2021 y en el último año ha protagonizado una intensa negociación entre los dos socios del Ejecutivo.

Tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros llegó al Congreso en febrero de 2022, superó el debate a la totalidad al mes siguiente y otros dos meses después llegó la presentación de enmiendas parciales, a pesar de que las dos formaciones que integran el Gobierno solicitaron su tramitación de urgencia.

Desde entonces las negociaciones han estado centradas en incorporar más avances al anteproyecto para poder contar con el apoyo de ERC y Bildu, debido a que sus votos son necesarios para que la norma salga adelante.

El acuerdo llega poco antes de que comience la campaña para las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán a finales de mayo. Además, forma parte de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir el cuarto tramo de los fondos europeos de recuperación.