Cinco claves de la ‘guerra dorada’ que se vive bajo tierra en Colombia

La violencia en Colombia llegó a las entrañas de la tierra. El conflicto armado que por décadas ha causado confrontación y muerte sobre la superficie se ha desplazado también a la mina más importante del país suramericano, donde se libra una lucha por el control del oro. 

Varios medios locales han alertado sobre ‘la guerra dorada’ en la mina de Buriticá, en el noroccidente del departamento de Antioquia, donde opera la multinacional china Zijin-Continental Gold, que tiene licencia para la explotación y producción comercial del mineral áurico por 14 años.

La mina Buriticá es el desarrollo minero subterráneo de oro a gran escala más importante de Colombia. Por ello, el grupo narcoparamilitar Clan de Golfo ha desplegado su capacidad operativa bajo tierra para apoderarse lentamente de los socavones construidos por la subsidiaria del conglomerado chino Zijin Mining Group, una de las compañías mineras más grandes del mundo, recoge El Colombiano.

Esta reserva de oro fue descubierta por el grupo indígena catíos, cuyo cacique tenía el nombre de Buriticá, según Radio Nacional. Durante la conquista, fue explotada por los colonizadores, lo que hizo que algunas familias huyeran y algunas otras se quedaran ahí trabajando como «mineros ancestrales».

Conforme transcurrieron los años, la parte media del río Cauca fue atrayendo personas de otros sitios, lo que también trajo consigo la proliferación de grupos armados en esos territorios.

¿Qué hay en Buriticá?

Zijin-Continental Gold, que posee una maquinaria de alta tecnología, tiene la capacidad de extraer unas 2.500 toneladas de material por día y producir hasta 240.000 onzas de oro por año.

Las estimaciones apuntan a que podría duplicar la producción de oro colombiano, lo que la convierte en el desarrollo aurífero más importante de ese país, según su portal web.

En Buriticá, la multinacional construyó tres socavones: Rampa Sur, con 1.700 metros de profundidad, siete veces la altura del edificio más grande de Colombia, que mide 240 metros; Yaraguá, de 1.500 metros; e Higabra, de 1.160 metros.

A finales de 2019, la compañía china le compró el proyecto minero a la canadiense Continental Gold y la producción comenzó en 2020. En esta transacción obtuvieron la licencia para explotar oro en un área de 1.893,8 hectáreas durante 14 años, según Diálogo Chino.

 ¿Cómo opera el Clan del Golfo?

En las minas, el trabajo se hace a miles de metros bajo tierra, en absoluta precariedad. A este panorama subterráneo donde la vida siempre está en riesgo, se le agrega la violencia ejercida por el grupo narcoparamilitar para ganar el control y financiarse.

Según Blu Radio, los tentáculos del Clan del Golfo ya han excavado hasta la Rampa Sur y Yaragua, valiéndose de mineros irregulares captados por ellos. Los medios locales se refieren a los túneles improvisados que surgen hasta debajo de las mesas y en los baños de las viviendas con el objetivo de interceptar las galerías construidas por la compañía minera.

El 17 mayo pasado hubo un atentado, catalogado de «terrorista» por la multinacional minera, en el que murieron un contratista de la empresa de seguridad Atempi y una persona encargada de labores de cierre minero de la empresa Acción del Cauca.

Tras esta acción, 14 más resultaron heridos, entre los que se encuentran cuatro miembros de la Policía Nacional; cinco vigilantes de Atempi; tres trabajadores de Acción del Cauca; y dos de Zijin-Continental Gold.

¿Cómo han sido los ataques?

Los miembros del Clan del Golfo construyeron una barricada, describe El Colombiano, en el nivel en el túnel Higabra. Allí ubicaron un cilindro con explosivos para atrincherarse.

Cuando los funcionarios policiales llegaron al lugar  y trataron de despejar la vía, ocurrió la explosión.

Zijin-Continental Gold pidió en un comunicado que el Gobierno «intervenga de manera definitiva«.

«La situación y accionar criminal de la minería ilegal en el municipio, y particularmente en las operaciones de la compañía, se encuentra fuera de control y pone en riesgo la integridad de las comunidades, contratistas, fuerza pública y de empleados nacionales y extranjeros», dice el escrito.

Casi dos semanas después del primer ataque, el 30 de mayo, la empresa denunció que fue víctima de otra acción del grupo de origen paramilitar. En esa oportunidad, incendiaron un vehículo para trabajo en túneles y un camión mezcladora.

Tres tipos de minería: un conflicto

En las profundidades de Buriticá hay tres tipos de mineros: los artesanales, que claman por su derecho ancestral; los que son instrumentalizados por el Clan del Golfo; y los que trabajan para la multinacional.

En este cruce de intereses, los más afectados han sido los llamados mineros ancestrales que se encuentran en el fuego cruzado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC) y la fuerza pública, que resguarda a la minera china.

La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, considera que la situación en Buriticá «es una desgracia» que se basa «en el engaño a las comunidades y en la equivocada posición de las empresas».

Para la parlamentaria, hay un «profundo conflicto» e injusticia que se ha resuelto a través de la violencia legal e ilegal, «con intervención de la fuerza represiva del Estado o con la de grupos ilegales que actúan a favor o en contra de las empresas».

En medio de estas tensiones, en mayo pasado, los integrantes de la Sociedad de mineros Ancestrales de Buriticá y la Comunidad minera del sector los Asientos de Buriticá obtuvieron una pequeña victoria.

El Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia ordenó –tras una petición popular a la protección de sus derechos colectivos a la libre competencia– que se suspendieran los desalojos de los mineros tradicionales del sector Los Asientos de Buriticá, según El Colombiano.

Con esta tutela, se ordenó que se le entreguen a la multinacional unos listados con los nombres de unos mineros informales, recoge Caracol, para que estén autorizados para explorar un área de 140 hectáreas, lo que corresponde al 1 % del territorio en concesión para la empresa minera, durante cuatro meses.

Respuesta de las autoridades

A principios de junio, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una indagación previa contra «servidores públicos por determinar», por presuntas omisiones en la adopción de medidas de protección a la empresa Zijin-Continental Gold.

La investigación busca determinar si hubo «posibles faltas disciplinarias«, luego de que la empresa pidiera reiteradas veces protección al Gobierno y a las autoridades locales.

Con esta medida, la Procuraduría le pidió al Ejecutivo, a las Fuerzas Militares, a la gobernación de Antioquia, a la alcaldía de Buriticá «un informe detallado sobre las medidas y acciones emprendidas para la protección de los trabajadores de la minera«.

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