División en Uruguay por una ley que busca resarcir a víctimas de la guerrilla previa a la dictadura de 1973
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La iniciativa, rechazada por el izquierdista Frente Amplio, que alude a problemas en su diseño jurídico, propone indemnizaciones de hasta 150.000 dólares.
Crece la polémica entre los partidos oficialistas y de oposición en Uruguay por un proyecto de ley que busca indemnizar a las víctimas de los grupos armados con fines ideológicos y políticos entre 1962 y 1976, período que abarca los años previos a la dictadura cívico-militar (1973-1985).
La iniciativa, que no pudo concretarse durante los mandatos del expresidente conservador, Jorge Battle (2000-2005) y de su sucesor de izquierda, Tabaré Vázques, fue aprobada el 29 de marzo por los diputados de la coalición multicolor oficialista en comisión de Constitución. Entre otros partidos clave del oficialismo que promueven el anteproyecto figura el derechista Cabildo Abierto, que fue fundado en 2019 y que cuenta con militares retirados en sus filas.
Mientras, los diputados del izquierdista Frente Amplio (FA), que constituye el núcleo de la oposición en el Parlamento, rechazaron la propuesta, que ha sufrido varias modificaciones en medio de las críticas suscitadas por su contenido, sujeto a interpretaciones políticas. Ahora debe pasar al plenario de la cámara baja una vez concluya la Semana de Turismo. De ser aprobada, volverá al Senado, donde ya goza de media sanción, para obtener un aval definitivo, recoge la prensa local.
El texto de la iniciativa reconoce «el derecho a la reparación» de las víctimas de los actos criminales ocurridos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 por miembros de grupos armados. Entre otras disposiciones, se propone crear una comisión especial que se encargará de efectuar los trámites necesarios para obtener los pagos.
Concretamente, los causahabientes o herederos de las víctimas fallecidas recibirán 150.000 dólares por una sola vez y por cada una de las personas fallecidas o declaradas ausentes, mientras que quienes resultaron incapacitados obtendrán 100.000 dólares. La reparación para quienes fueron privados de libertad por más de 72 horas asciende a 50.000 dólares.
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«Problemas de diseño jurídico y memoria selectiva»
El diputado Mariano Tucci, miembro del Movimiento de Participación Ciudadana (MPP) que forma parte del Frente Amplio, explicó que el rechazo de la oposición se debe a que el proyecto presenta «serios problemas de diseño jurídico», entre otras razones.
«Nuestra fuerza política no está en contra de las reparaciones. […] Nosotros sí nos oponemos a cualquier proyecto de ley, sea de reparaciones o de cualquier otra materia, que esté mal diseñado y mal fundamentado, y este proyecto tiene serios problemas de diseño jurídico, y materializa una visión hemipléjica de la historia reciente», declaró Tucci a Montevideo Portal.
Paralelamente, el diputado acusó a la coalición gobernante de usar «la memoria selectiva» en el marco de la iniciativa. Asimismo, apuntó que la versión modificada «adolece del mismo defecto de base» que el proyecto que se aprobó en el Senado.
«La línea de tiempo elegida para reparar no ha podido hasta el momento ser fundamentada por la coalición de Gobierno, y fue duramente cuestionada por la academia», resaltó.
«Hito» histórico en medio siglo
Desde el oficialismo ofrecen otra versión. En particular, el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, subrayó a La Diaria que el anteproyecto «es un eslabón más de una larga cadena de esfuerzos» que —asegura— «vienen cumpliendo para cerrar una etapa muy dolorosa de la vida nacional».
Mientras, Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, calificó la iniciativa de «hito en la historia de los últimos 50 años», porque se reconoce a nivel legislativo a las víctimas «de la otra guerrilla que existió, o del otro terrorismo que existió en Uruguay». «Es mucho más que la reparación a las víctimas; hay un reconocimiento explícito del daño que genera la violencia de grupos guerrilleros», remarcó.
Por actualidad.rt.com
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