El Gobierno de Perú aprueba decretos para expulsar a extranjeros que cometan delitos
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Las medidas buscan sancionar además a quienes promuevan el traslado ilegal de personas o el reingreso al país de manera fraudulenta de sentenciados.
El Gobierno de Perú aprobó este lunes dos decretos que permitirán la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos, informó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
El funcionario explicó que las medidas del Ejecutivo modifican el Código Penal peruano, con el objetivo de sancionar además a los extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas o el reingreso al país de manera fraudulenta de sentenciados.
«El primer decreto legislativo modifica el Código Penal y permite la expulsión de los extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata, entre otros», indicó el funcionario en una rueda de prensa.
Y agregó que esto «facilitará el trabajo de la Policía y los fiscales».
En tanto, el segundo decreto legislativo aprobado amplía el control de la identidad de los extranjeros, de 4 a 12 horas, a fin de contar con el tiempo suficiente para la verificación de antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en cualquier otro.
La ampliación del tiempo para la identificación de los ciudadanos extranjeros evitará que se produzcan situaciones de «impunidad», como ocurre cuando no se pueden acreditar los datos de las personas, dijo el jefe de Gabinete.
«Con estos dos decretos legislativos, este grupo de extranjeros que causa daño a la sociedad peruana merecerá una acción inmediata por parte de nuestras autoridades», afirmó Otárola.
En emergencia
La medida del Gobierno de Dina Boluarte se anuncia dos semanas después de haber declarado en emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima; y Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, en Piura, para «poder enfrentar de manera firme y decidida» a «la delincuencia y la criminalidad organizada», indicó la mandataria.
El 20 de septiembre, el Congreso autorizó al Ejecutivo a legislar, durante 90 días, en temas de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres y otros temas.
Estas reacciones políticas responden a una ola de delitos en el último tiempo, que hacen que la inseguridad ciudadana sea la principal preocupación de la población. En ese marco, una mayoría reclama penas más duras. Así lo indica una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que reveló que un 53 % de la población apuesta por aumentar los castigos contra los delincuentes, mientras que 38 % aboga por implementar medidas de prevención.
Por actualidad.rt.com
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