Gobierno de México aclara que «no ha concluido» la colaboración del Ejército en el caso Ayotzinapa

Publicado:
27 sep 2023 23:02 GMT

Así lo expresó el subsecretario Alejandro Encinas en la presentación del segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ).

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, Alejandro Encinas, presentó este miércoles el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), instalada para encargarse de la interlocución política de alto nivel respecto al esclarecimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En su extensa exposición, el funcionario ofreció nuevos elementos que demuestran la colusión de autoridades federales, regionales y locales con el crimen organizado en los hechos de la llamada Noche de Iguala, así como de las diligencias que se están adelantando para establecer responsabilidades y encontrar a los normalistas.

Detenidos y judicializados

Encinas señaló que, a la fecha, las autoridades han entrevistado «a 80 principales protagonistas y perpetradores de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa», en hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero. 

Hasta ahora, las aprehensiones se cifran en 132 personas relacionadas con el caso. De estas, detalló Encinas, 41 pertenecen al cartel Guerreros Unidos, 71 son funcionarios policiales adscritos a distintas coordinaciones del estado de Guerrero y el resto corresponde a altos funcionarios del Estado.

En este último grupo aludió a las capturas del exprocurador general Jesús Murillo Karam, el entonces titular de la Unidad de Delitos contra el Secuestro, el exsecretario de Seguridad del estado de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala y dos generales, estos últimos a cargo de los batallones 27 y 41 de infantería, aparentemente implicados en el crimen.

La cronología de los hechos

Encinas indicó que las declaraciones de procesados en la causa coinciden con los hallazgos de las interceptaciones realizadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los EE.UU., que dan cuenta de «los vínculos entre elementos del Ejército y Guerreros Unidos«.

En su decir, las cerca de 84.000 comunicaciones de miembros de Guerreros Unidos obtenidas por la agencia antidrogas estadounidenses como parte de otra investigación, sirvieron para establecer una línea de tiempo de los hechos de Iguala, que complementaron o corroboraron lo recogido en testimonios, informes, documentos oficiales de diversas instancias gubernamentales y el propio trabajo de campo.

A contrapelo de algunas versiones que han circulado en las últimas jornadas, descartó cualquier nexo de los estudiantes con alguna organización delictiva. «No hay evidencia de que los estudiantes estuvieron juntos después de la salida de Iguala. Tomaron caminos distintos los autobuses, fueron divididos», refirió.

La «segunda desaparición»

El subsecretario de Gobernación también rechazó los señalamientos relativos al interés del Ejecutivo mexicano en establecer una nueva «verdad histórica» y contrapuso los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad al relato construido en 2014 durante la Administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En su criterio, esta narrativa del sexenio de Peña Nieto se asentó en acciones institucionales y estrategias comunicacionales basadas en mentiras, en interés de cerrar la investigación y darle «un carpetazo al caso», con la participación decisiva de funcionarios del Gobierno de todos los niveles y no solo a nivel local o estadal, como se insistió entonces.

«La verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades, que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la desaparición de los estudiantes por la colusión con distintos agentes de instituciones públicas», recalcó.

Sobre la base de estas alegaciones, calificó la desaparición de los 43 normalistas como «un crimen de Estado» y reiteró el compromiso del Ejecutivo con la determinación de los hechos y la localización de los cuerpos de las víctimas.

La Sedena continuará colaborando

Al final de su comparecencia, Encinas fue requerido por la prensa acerca de las presuntas trabas impuestas por el Ejército mexicano para entregar información relacionada con el caso Ayotzinapa y su incidencia en el esclarecimiento de la verdad.

Ante esto, el funcionario aseguró que las instituciones regidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregaron toda la información disponible, sin que ello significara el cierre de las búsquedas documentales en esos organismos.

«No ha concluido el trabajo que puede aportar la Defensa Nacional, nos apoya en las labores de búsqueda y tendrá que atender en la parte de información, para ver si encontramos más. Están aportando información y esperemos que nos den más resultados», destacó.

Afirmó además que en algunos casos, el estado de los archivos era «deplorable», pues reinaba el desorden y eso dificultó la localización de documentos relevantes para la investigación.

• El pasado lunes, los familiares de los 43 recibieron una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador y un informe suscrito por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, cuyo contenido fue rechazado por el representante legal de las víctimas, Vidulfo Rosales, quien consideró que «no da respuesta (…) a la información que solicitaron los padres de familia» y comparó su contenido con el de «la verdad histórica» de Peña Nieto. 
• Encinas apuntó que durante las operaciones de búsqueda en campo de los normalistas se han encontrado 32 cuerpos de terceros, así como un número aún indeterminado de restos óseos en fosas comunes.