La derrota que no fue tal: la lección que deja el asalto al cuartel Moncada

“Condenadme, no importa. La historia me absolverá”. Con esa frase cerró su extenso alegato el joven abogado Fidel Castro ante el tribunal que lo juzgaba por liderar el asalto al cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953.

Por entonces, poco más de un centenar de jóvenes revolucionarios inspirados en los ideales de José Martí, el antiimperialismo y la justicia social, pretendía confiscar armas para luchar, junto al pueblo, contra la oprobiosa dictadura de Fulgencio Batista. En paralelo, otra columna, más pequeña, debía ocuparse de tomar por asalto el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en Bayamo, al suroccidente de la isla.

Las dos apuestas fracasaron estruendosamente. Los insurrectos fueron descubiertos por fuerzas del régimen, perdieron el factor sorpresa y se vieron obligados a entablar combates directos que no figuraban de ese modo en el plan inicial, donde no se contempló nunca la posibilidad de que serían superados ampliamente en número.

Allí cayeron los primeros, entre ellos Abel Santamaría, uno de los líderes. El resto se batió en retirada. Pocos sobrevivieron. El Ejército cubano los cazó como a animales y presentó sus muertes como un producto de los enfrentamientos. Fidel y su hermano Raúl, Haydée –hermana de Abel– y Melba Hernández se contaron entre los pocos cuya vida fue perdonada por los soldados.

Un análisis despojado de epopeyas llevaría necesariamente a concluir que era imposible que un puñado de jóvenes con poca formación militar pudiera tener éxito y lograra poner en jaque al Estado cubano. No obstante, tenían todos los motivos para jugársela. La dictadura instalada el año anterior era la cúspide de una opresión histórica cuyos efectos desangraban, incluso literalmente, al pueblo cubano.

“El reforzamiento del nuevo régimen de facto provocó que nuevas agrupaciones clandestinas articularan conspiraciones dirigidas a promover distintas formas de insurrección combinadas con complots dentro del ejército, manifestaciones públicas, huelgas y otras formas de denuncias”, detalla el historiador cubano Jorge Ibarra Guitart.

Fue en ese contexto que Fidel Castro y Abel Santamaría decidieron unir fuerzas para plantarle cara a Batista por la vía armada. Corría mayo de 1952. En los meses siguientes se produjeron adhesiones decisivas a la causa y lo que inicialmente habría parecido una quijotada, adoptaría la forma de un plan viable, con objetivos claramente definidos.

Muchos de los revolucionarios procedían de movimientos estudiantiles o, como Santamaría y Castro, militaban en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), una organización fundada en 1947 que abrazaba el antiimperialismo y cuyo programa mínimo demandaba el fin del latifundio, la nacionalización de los servicios, el desarrollo local de industrias estratégicas y el combate contra la corrupción.

Más pronto que tarde, los líderes de la operación se convencieron de que sería un error apuntar a los cuarteles de La Habana, sobre los que el régimen mantenía una estrecha vigilancia. En su lugar, optaron por la región oriental de la isla. De un lado, les permitía salir del foco de atención del aparato de seguridad de Batista; de otro, en Santiago de Cuba estaba la segunda plaza de armas del país, específicamente en el Cuartel Moncada.

La fecha fue elegida con cuidado. El 26 de julio de 1953 era domingo de Carnaval y en las tierras santiagueras, aquella festividad se celebraba en grande y la ciudad se llenaba de visitantes procedentes de todos los rincones de la isla. En ese escenario, pensaron los revolucionarios, nadie repararía en la presencia de foráneos. También calibraron que la multitud en las calles dificultaría la llegada de refuerzos.

La ejecución también se diseñó con celo. Se decidió que en Santiago, Fidel Castro lideraría la toma del Moncada y que, en simultáneo, Abel Santamaría tomaría el Hospital Civil, mientras que Léster Rodríguez se encargaría del Palacio de Justicia. La columna secundaria debía hacer lo propio en Bayamo. Todo salió mal, pero las causas profundas que detonaron esas acciones seguían ahí. Era cuestión de tiempo para que aquel orden sucumbiera.

El amo yanqui

Para la década de 1950, donde se estaban levantando numerosas luchas de liberación nacional en extensos territorios de Asia y África que se habían repartido las potencias europeas a modo de pastel, Cuba acumulaba ya más de cuatro siglos de dominio colonial.

Primero fue España. Las independencias latinoamericanas del primer tercio del siglo XIX no la alcanzaron. La guerra hispanoestadounidense, desatada por EE.UU. en 1898 pretextando la voladura del acorazado Maine, le arrebató a Madrid ese y otros enclaves, vestigios apenas de lo que otrora fuera un vasto imperio. Fue así como se frustró el proceso independentista en curso y las cadenas que aprisionaban a los cubanos cambiaron de mano, con la novedad de que el nuevo amo no hablaba español: hablaba inglés.

El colonialismo no es una etiqueta: es un régimen que supone el expolio de la riqueza local en beneficio de la metrópoli y, siempre en menor medida, de una élite local que representa sus intereses. Cuba, el paraíso de los ingenios azucareros cimentados por generaciones en el trabajo de personas esclavizadas, tenía todo para que florecieran y se reprodujeran las desigualdades sistémicas más feroces, al margen de lo que dijeran la Constitución y las leyes.

Corría marzo del año 1952 cuando Batista, entonces tanto exdictador como expresidente, perpetró un golpe de Estado para desplazar del poder al mandatario Carlos Prío Socarrás. Aunque Prío mantuvo estrechas relaciones con EE.UU., durante su gestión entró en vigor la Constitución de 1940, que consagraba niveles de autonomía inéditos en la mayor de las Antillas.

Se trataba de asuntos de mínima soberanía, como administrar su erario, dirigir su política exterior, acuñar su propia moneda y gozar de derechos civiles elementales, en una lista que incluía la ausencia de discriminación por raza, religión u opiniones políticas, así como la posibilidad de elegir a sus autoridades en un contexto de relativa pluralidad ideológica. Aquello fue demasiado para EE.UU. También para sus agentes locales.

Batista se instaló en La Habana cobijado por la administración del presidente Harry Truman y, con el aplauso de Washington, retrotrajo a la isla a los tiempos de la Constitución de 1901 y la Enmienda Platt, en los que la potencia norteamericana se arrogaba sin tapujos los derechos de una metrópoli colonial en toda regla.

Como hubiera de recordar Fidel en su célebre autodefensa ante los tribunales del régimen, el cambio de ropajes de la dominación colonial solo incrementó lo que eran ya problemas estructurales: la tierra, la falta de industrialización, la vivienda, el desempleo, la educación y la salud.

Por ello, aunque denostó abiertamente de Batista, no culpó directamente a la dictadura de esos asuntos de larga data, pues estaba consciente de que obedecían a un proceso histórico. En su lugar, les acusó de posibilitar su perpetuación, al favorecer los intereses estadounidenses mientras la mayoría de los cubanos vivía en la miseria.

Así, por ejemplo, para hablar de la situación del campo –que conocía bien, pues era hijo de un importante terrateniente de la región de Birán– adujo que las compañías extranjeras poseían más de la mitad de las mejores tierras de la isla y acumulaban ingentes riquezas, al tiempo que a buena parte de los campesinos se les imponía el pago de una renta y la pérdida de su único medio de sustento pendía siempre sobre sus cabezas. No eran ya los amos españoles. El expolio venía ahora con barras y estrellas, y él no dejó de recalcarlo.

Tampoco se privó de denunciar la otra condición que servía de bastón al régimen: la represión, consistente no solo en violencia y torturas –que las hubo muchas– sino también en la proscripción de los partidos opositores, en la prohibición de las reuniones de más de dos personas y en el restablecimiento de la pena de muerte para aquellos que osaran rebelarse. La práctica no era del todo inédita, pero con Batista alcanzó niveles grotescos. El propio juicio era una farsa, pues a Castro se le socavó el derecho a la defensa y, ya de últimas, asumió él mismo el papel que a un tercero le correspondía.

Ese era, en línea gruesa, el país que los revolucionarios que asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes pretendían convertir en algo decididamente mejor.

La derrota que no fue tal

A la mayoría de los sobrevivientes del Moncada se les sentenció a duras penas de cárcel. A Fidel se le impusieron 15 años, que debía purgar en el recinto carcelario de la isla de Pinos (hoy, isla de la Juventud). Aunque la dictadura había establecido que la insurrección se pagaba con la vida, la movilización ciudadana y la presión popular evitaron que se concretaran las ejecuciones.

Por otra parte, Batista y otros altos funcionarios del Gobierno lidiaban con señalamientos cada vez más agrios relativos a la violación sistemática de los derechos humanos en territorio cubano. En 1955, pretendieron rehabilitar su imagen pública por medio de la promulgación de una ley general de amnistía, en el entendido que ello acallaría las voces que denunciaban la falta de democracia y libertades en la mayor de las Antillas.

El régimen no consiguió lo que buscaba y, por lo contrario, cometió un error garrafal, al creer que la oposición armada había sido domeñada al punto de la resignación. No consideraron que mientras los líderes guerrilleros estaban tras las rejas, otros participantes de la operación que recibieron condenas mucho menores y abandonaron sus celdas pocos meses después de ser juzgados, articulaban la resistencia.

En particular, Haydeé Santamaría y Melba Hernández se encargaron de copiar, imprimir y difundir clandestinamente la autodefensa de Fidel. El documento devino en el manifiesto político del Movimiento 26 de julio (M-26-7), que nacería formalmente el 12 de junio de 1955.

Paulatinamente, el núcleo del M-26-7 uniría fuerzas con otras agrupaciones que también tenían como objetivo derrocar a Batista. Así fue como se construyó rápidamente una estructura clandestina con presencia en todas las provincias cubanas. Entretanto, una parte de su dirección nacional se exiló en México para organizar la lucha armada. Allí se sumarían a sus filas personajes como Ernesto ‘Che’ Guevara, Camilo Cienfuegos, Ramiro Valdez y Juan Almeida.

El asalto al cuartel Moncada le había dejado a los revolucionarios importantes lecciones: precisaban de más entrenamiento militar, el factor sorpresa era estratégico y no solo una condición deseable y el movimiento de pequeñas columnas de combatientes sería más eficaz para combatir desigualmente al Ejército cubano, no ya en las ciudades sino en zonas de difícil acceso.

Tras meses de intensa preparación, un grupo de 82 guerrilleros desembarcó en el oriente cubano a bordo del yate Granma, el 2 de diciembre de 1956. Entonces, también pareció que la expedición estaba condenada al fracaso, pues apenas 20 hombres lograron adentrarse en la Sierra Maestra. No fue así.

En poco más de dos años, los guerrilleros conquistaron posiciones y sumaron masivas adherencias entre la población. La dictadura había sido derrotada irreversiblemente.  Cuando ya el Ejército Rebelde estaba en las puertas de La Habana, Batista huyó. 

El 1 de enero de 1959, Cuba comenzó a escribir otra historia. Los revolucionarios se aprestaron a poner en marcha un ambicioso programa de reformas para reparar más de cuatro siglos de injusticias acumuladas y a defender abiertamente su soberanía. Si en Washington no estaban contentos con la Constitución de 1940, mucho menos lo estuvieron con los que habían desplazado a quien para la época era uno de los lugartenientes más preciados de EE.UU.

De ese modo, aquello que inicialmente podría haberse calificado como amplias reservas por parte de la Casa Blanca, prontamente se transformó en abierta hostilidad, incluso con tintes bélicos. Desde entonces, salvo el bombardeo directo, no ha habido método que no se ensayara para conseguir el regreso de la isla al redil de los gobiernos alineados con la potencia norteamericana.

Una lista no exhaustiva incluye centenares de intentos de magnicidio contra Fidel Castro, financiamiento y entrenamiento de grupos paramilitares, respaldo al terrorismo, difusión de propaganda y narrativas falsas, intentos de injerencia de diversa índole, operaciones de falsa bandera y, acaso muy especialmente, la imposición de un draconiano bloqueo que se ha extendido por casi siete décadas. 

En el presente, la agresión estadounidense contra la nación caribeña ha superado cualquier límite conocido, pues a las de por sí duras condiciones derivadas de la aplicación a rajatabla de la ley Helms-Burton, se han añadido un bloqueo de combustibles y un despliegue militar en aguas del mar Caribe próximas a sus costas. 

Pese a las inevitables heridas sociales que ha dejado ese castigo colectivo, está fuera de cuestión que Cuba demostró que era posible disminuir significativamente la desigualdad, proveer a la población de educación y sanidad de la mejor calidad bajo los principios de universalidad y gratuidad, de practicar el internacionalismo –entendido en términos de solidaridad– allí donde ha sido preciso y de defender el derecho inalienable de los pueblos a regir su destino, sin ser una nación particularmente rica en recursos naturales ni una potencia militar. La historia no solo absolvió a Fidel y a sus camaradas: les dio la razón.