La Justicia de EE.UU. aconseja a la Policía considerar la contratación de personas con antecedentes penales
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Las fuerzas del orden están teniendo problemas para encontrar y mantener nuevos reclutas que estén a la altura de las normas profesionales existentes.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha instado a los cuerpos policiales a que consideren la posibilidad de contratar a personas con antecedentes penales, en una serie de recomendaciones sobre contratación publicadas este martes.
El documento, elaborado por la Oficina de Asistencia a la Justicia y la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad, cuenta con las aportaciones de decenas de líderes comunitarios y policiales, y explica que las fuerzas del orden están teniendo problemas para encontrar y mantener nuevos reclutas que estén a la altura de las normas profesionales existentes.
El informe sugiere a los departamentos de Policía que reconsideren categóricamente el rechazo de candidatos con delitos penales menores y aislados, «especialmente cuando los delitos se produjeron hace mucho tiempo».
Algunos de los participantes en la elaboración del documento insistieron en incorporar un «margen de redención», reconociendo que la «función cerebral no se desarrolla plenamente hasta los primeros años de la edad adulta» y que los reclutas pueden haber tomado «pequeñas decisiones imprudentes» en su juventud.
Asimismo, se indica que los tatuajes visibles y otros problemas de imagen personal no deben impedir que una persona se incorpore al cuerpo, siempre que no indiquen intolerancia, indicó el grupo. De igual forma, la falta de estudios tampoco debería ser un obstáculo: por lo que los reclutadores podrían plantearse suprimir los exámenes escritos.
De hecho, los participantes acordaron unánimemente que sería inelegible cualquier candidato potencial con antecedentes de violencia (incluidas condenas por violencia doméstica), consumo «grave» de alcohol o drogas ilegales, cualquier forma de extremismo, prejuicio o intolerancia demostrados, y candidatos con antecedentes penales graves.
El grupo subrayó que sus sugerencias no implicaban rebajar las normas de contratación, sino «permitir la evolución de las normas para adaptarlas a las realidades policiales del siglo XXI«.
Por actualidad.rt.com
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