La verdadera (y silenciada) historia sobre ‘Hermanos al rescate’

El 24 de febrero de 1996, dos avionetas fueron derribadas sobre el estrecho de Florida por cazas de la Fuerza Aérea cubana. Cuatro personas murieron: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

A lo largo de tres décadas, EE.UU. ha insistido falsamente en que los fallecidos eran civiles inocentes embarcados en una misión humanitaria, aunque lo que había detrás de ellos estaba lejos del altruismo.

Basulto y sus “hermanos”

La organización ‘Hermanos al Rescate‘ fue fundada en Miami, en 1991, por José Basulto. La narrativa oficial estadounidense lo ha presentado sistemáticamente como un supuesto “disidente cubano” que ayudaba a sus compatriotas a llegar a EE.UU., pero en realidad, la evidencia disponible da cuenta de una prolongada actividad paramilitar contra la Revolución cubana bajo los auspicios de la CIA. 

Hay constancia de su participación en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, así como en numerosas operaciones encubiertas destinadas a derrocar a las autoridades cubanas, algunas de las cuales incluso ha admitido ante la prensa. 

Así, en 1962 fue el artillero de una lancha que tiroteó el Teatro Blanquita —hoy Teatro Karl Marx— y el hotel Sierra Maestra en La Habana, mientras que en la década de 1980 formó parte de la Junta Patriótica Cubana, una coalición de entidades sediciosas aún activa, que tiene como objetivo el reclutamiento de paramilitares para actuar contra la isla.

Además, en 1993 planeó destruir una torre de alta tensión en San Nicolás de Bari para afectar el sistema eléctrico nacional, al tiempo que en 1994 entrenó a un miembro de la organización ‘Militares y Profesionales por la Democracia’ para sabotear la Refinería de Cienfuegos.

En su historial también cuenta su intento de introducir armas y explosivos en Cuba, junto a otras organizaciones de Miami, en 1995. La operación fue conocida por el FBI, que informó al Departamento de Aduanas para controlar sus movimientos.

A partir de 1994, ‘Hermanos al Rescate’ comenzó a incursionar en territorio cubano para ejecutar actividades subversivas, como el lanzamiento de panfletos y propaganda antigubernamental sobre La Habana. Dos años más tarde, en enero de 1996, infiltró un equipo de NBC en el país caribeño para transmitir en directo cómo las aeronaves sobrevolaban la capital cubana.

25 advertencias

Frente a estos hechos recurrentes, la Cancillería cubana emitió 25 notas diplomáticas a la Administración del entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton, con el objetivo de advertirle sobre las violaciones reiteradas del espacio aéreo y exigir el retiro de las licencias a esos pilotos. A pesar de las advertencias, las autoridades estadounidenses aprobaban los planes de vuelo y permitían la salida de las aeronaves sistemáticamente.

“Nuestro Gobierno reclamó, además, al Gobierno de EE.UU. que le retirara las licencias de vuelo [a los pilotos que volaban ilegalmente sobre Cuba]. Incluso, el Gobierno de EE.UU. llegó a retirarle en esa época la licencia de vuelo al líder de esa organización —Hermanos al Rescate—, un tal [José] Basulto. Y, aun así, continuó volando, conociéndolo el Gobierno y las autoridades estadounidenses”, relató recientemente el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista concedida al programa Mesa Redonda.

El objetivo del exagente de la CIA era continuar con los vuelos ilegales, con la certeza de que Cuba no era capaz de responderle. Se equivocó.

Un derribo anunciado y la excusa de EE.UU.

La conducta omisa de las autoridades estadounidenses ante hechos que recibieron amplia cobertura mediática, llevó al Gobierno liderado por Fidel Castro a publicar un comunicado en el que se advertía que “cualquier aeronave que cualquier aeronave que volara sobre su espacio aéreo sin autorización sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada”, pues la isla disponía de medios para protegerse. 

Washington acusó recibo, inició una investigación y solicitó a Cuba detalles de las incursiones previas. El 24 de febrero de 1996, esos procedimientos administrativos todavía no habían concluido, mas documentos desclasificados revelaron que EE.UU. no solo estaba al tanto de los movimientos de Basulto sino que la Administración Clinton estimaba bastante probable que las autoridades cubanas derribaran aeronaves hostiles. Pese a ello, optaron por no hacer nada. 

Así, como llamara a recordar el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en mayo pasado, “el 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la Administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones”. 

El derribo fue el pretexto que la política exterior estadounidense necesitaba. El 12 de marzo de 1996, apenas 16 días después del incidente, Clinton firmó la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida como Ley Helms-Burton.

La norma le quitó al Ejecutivo la facultad de levantar el bloqueo impuesto a la isla por su cuenta y amplió el alcance extraterritorial de las medidas coercitivas unilaterales, con amenazas extensivas a terceros países que comerciaran con la isla.

Esa política se mantuvo sin mayores cambios, hasta que, en enero pasado, el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, designó a Cuba como una supuesta amenaza a la seguridad nacional de su país. A partir de eso, el mandatario impuso renovadas coerciones destinadas a cercar por completo a La Habana y ha afirmado que está dispuesto a utilizar la fuerza para derrocar al Gobierno cubano, que denuncia ese proceder como una táctica de “genocidio”.

No son solo palabras. Trump mantiene activo un despliegue militar en el Caribe con tropas del Comando Sur y además ha admitido que el objetivo de su política contra la isla es impedirle cualquier tipo de ingresos económicos,aunque eso signifique bloquear el suministro de petróleo y se traduzca en afectaciones mayúsculas sobre la población.

La causa contra Raúl Castro

Como parte de la misma estrategia de presión, Washington reflotó el derribo de las dos avionetas de los ‘Hermanos al Rescate’, para apuntar contra Raúl Castro, uno de los líderes históricos de la Revolución cubana.  

Así, en mayo de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU.presentó una acusación formal contra  Castro y otras cinco personas, a las que sindica de conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses, a lo que se suman dos cargos por destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.

Díaz-Canel y otras autoridades cubanas rechazaron la imputación, al considerar que se trata de una maniobra “política” y carente de cualquier fundamento jurídico, cuyo propósito real es “justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”. 

Desde otro costado, el uso de este caso como instrumento de presión diplomática se inscribe en una arremetida de EE.UU. para disputar su influencia y pretendido dominio sobre América Latina, en correspondencia con lo estipulado en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2025. 

El documento contempla el uso de cualquier medio posible, incluidas las armas y la aplicación extraterritorial de su estamento jurídico, para asegurar la hegemonía estadounidense. 

La agresión militar contra Venezuela en enero pasado y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, quien hoy enfrenta cargos por acusaciones nunca probadas de narcotráfico, son muestras elocuentes de hasta dónde está dispuesto a llegar EE.UU. Cuba sigue en la mira.