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Plazos de cobro superiores, el problema de las empresas

Según el estudio elaborado por la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 72% de las empresas debe aceptar plazos de cobro superiores a los deseados. Esto se debe a que un 60% de las empresas percibe problemas financieros en sus clientes.

Para este estudio han participado cerca de 700 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores. Mientras que un 8% del tejido productivo trabaja con sus clientes por encima de los 90 días, sólo el 51% de las empresas trabaja con plazos por debajo de los 60 días. Esto se trató de impulsar bajo la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Por su parte, sólo un 11% ha logrado reducir el plazo a los 30 días con la nueva Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea. 

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¿Por qué las empresas deben aceptar plazos de cobro superiores?

El 72% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes en sus operaciones B2B. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago se reduce al 15%. En el caso de las pymes este valor alcanza el 38% y escala al 47% en la gran empresa.

Por otro lado, un 60% de las empresas percibe problemas financieros en sus clientes, la falta de liquidez es la razón más citada para explicar la morosidad empresarial. Esta está por delante del retraso intencionado (51%), la complejidad del procedimiento de pagos (18%), la emisión de facturas incorrectas (6%) o las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (6%).

¿Qué papel tienen las Administraciones en estos casos?

Las Administraciones también forman parte del problema de la extensión indeseada de los plazos de cobro. El 44% de las empresas que trabaja con el sector público tiene que aceptar plazos superiores a los deseados. El peor comportamiento, se da entre las Administraciones locales, esto afecta al 32% de las empresas. Este porcentaje se reduce a más de la mitad en las Administraciones autonómicas (15%) o estatales (14%).

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